¿Con qué se combate la corrupción en el gobierno de AMLO?
2019-03-27
En tiempos en los que la corrupción está al centro del debate, existe el peligro de que su combate quede en el mero discurso. En la administración de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Función Pública ha sido omisa en delinear las estrategias con las que acabará con ese fenómeno al interior del gobierno.
Como lo señaló Transparencia Internacional en su último Índice de Percepción de la Corrupción, el descontento social contra la corrupción ha sido utilizado por muchos políticos para capitalizar y movilizar el apoyo público. Los líderes carismáticos señalan la corrupción del pasado y prometen desterrarla, ordenan cacerías de brujas o bien señalan que todas sus acciones son para combatir ese fenómeno.
El combate a la corrupción sin un plan de trabajo, sin una estrategia definida o sin programas identificados, es simple demagogia y complicidad. La lucha contra los actos de corrupción en un gobierno, ante su complejidad, requiere de directrices claras que eviten que los ejes rectores se conviertan en letra muerta, o peor aún, en ocurrencia.
En México, si bien es cierto que existe un Sistema Nacional Anticorrupción encargado de coordinar a las autoridades de todos los niveles para que investiguen y sancionen actos de corrupción, y de articular una política nacional anticorrupción (que hoy está en proceso de definición, según puede consultarse aquí), también lo es que las diferentes autoridades que integran ese sistema tienen facultades para definir sus propios planes.
Cualquier plan de trabajo concede a las organizaciones estructura y estrategia, y define objetivos y acciones concretas que permiten el cumplimiento eficaz de las atribuciones y evitan intromisiones injustificadas de poderes públicos o de presidentes de la República en las labores que ya la Constitución y las leyes les confieren.
En el caso de la Secretaría de la Función Pública (“SFP”), liderada por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros y encargada del control interno del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (“AMLO”), si bien ha sido pública su intención de combatir la corrupción bajo cinco proyectos –combatir los conflictos de interés, mejorar el servicio civil de carrera, promover mecanismos para proteger a denunciantes de corrupción y transparentar las compras públicas– su actuación ha sido más producto de la ocurrencia que de un plan estratégico de trabajo.
Según se desprende de respuesta dada a la solicitud de información número 0002700033519 –en la que fue requerido el documento del que se desprendan las políticas y prioridades de la actual titular de la SFP y el plan de trabajo que se tiene para el próximo año– se informó que “esta dependencia se encuentra en proceso de reestructura, por lo que a la fecha no se cuenta con una expresión documental que atienda lo solicitado (…)”.
Aunque esta deficiencia no ha implicado la parálisis de la Secretaría de Estado, sí define el desorden administrativo en el que está inmerso. Si bien algunas acciones se han concretado en pro de la transparencia y rendición de cuentas –publicidad de las declaraciones patrimoniales del gabinete presidencial y la apertura de nuevas investigaciones relacionadas con el caso de la Estafa Maestra–, existe un gran desconcierto por los pasos que se darán en el combate a la corrupción gubernamental.
La lucha contra los actos de corrupción en el gobierno federal tiene que reducir su discurso idealista y académico para dar paso a planes y acciones concretas, identificadas y alcanzables que trasciendan periodos sexenales y fomenten más un gobierno de instituciones que de personas. A más de cuatro meses del inicio de la administración AMLO, un plan estratégico de la SFP contra la corrupción sigue esperando.
Carlos G. Guerrero Orozco
Abogado y maestro en gobierno y administración pública
@CarlosGuerreroO
Fuente: Contribuye a una causa social