Restricción a información sobre el agua en la Ciudad de México viola tratados internacionales.

Por: Frida del Mar López Badillo

Cada vez con más frecuencia los medios de comunicación presentan historias sobre desastres naturales y emergencias causadas por el cambio climático. Con el paso del tiempo esas historias incómodas o trágicas se van acercando a nuestros círculos familiares y sociales, particularmente en temas relacionados con el acceso al agua. Ello revela también la responsabilidad de los gobiernos y empresas para atender esos problemas, y sobre todo para informar las soluciones que se ofrecen a la ciudadanía. En el caso de la Ciudad de México, la consistente falta de acceso relacionada al agua se acerca a la violación de tratados internacionales.

 

En abril de 2024, muchos habitantes de la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México sufrieron problemas por la contaminación del agua potable. Como respuesta, varios ciudadanos de dicha alcaldía solicitaron información al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (“SACMEX”) para poder entender lo que estaba sucediendo con la contaminación del agua en sus colonias, ya que las afectaciones a la salud de las personas y sus mascotas causadas por la contaminación ada vez eran peores y no habían explicaciones ni información veraz al respecto.

 

Sin embargo, tanto la respuesta de SACMEX como del gobierno de la Ciudad de México fue inadecuada e insuficiente. Al principio, desestimaron las quejas de los habitantes de la Alcaldía Benito Juárez y las catalogaron como falsas. Ante la falta de acción del gobierno, algunos vecinos contrataron servicios para analizar el agua y comprobar la contaminación, así como las implicaciones a la salud por esta causa.

 

Una vez que obtuvieron los resultados, en lugar de actuar para solucionar el problema, SACMEX decidió clasificar la información sobre los análisis obtenidos del agua durante un periodo de tres años. Esta decisión no solo afectó el derecho a un medio ambiente sano y al acceso a la información, sino que también demostró que el gobierno no está cumpliendo con su deber de mantener actualizada la información sobre la calidad del agua.

 

Esta postura del gobierno de la Ciudad de México podría incumplir el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional del cual México es parte, que promueve la protección del medio ambiente y el acceso a la información ambiental. Este acuerdo garantiza que todas las personas puedan acceder a información sobre temas ambientales.

 

En diversas sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro máximo tribunal de justicia en México, se ha establecido que las autoridades deben proporcionar información ambiental de manera clara y accesible, ya que esto es fundamental para la participación pública de la ciudadanía en la toma de decisiones que les compete. También el 24 de mayo de 2023, la Suprema Corte también estableció contundentemente que el derecho al agua incluye el derecho al acceso a la información sobre este recurso, por lo que lo sucedido en abril de 2024 en la Alcaldía Benito Juárez debió atenderse bajo el principio de máxima publicidad y veracidad de la información, lo cual no sucedió.

 

Sobre este mismo tema, el pasado 18 de julio del año en curso, el gobierno de la Ciudad de México promulgó dos leyes en materia ambiental que introducen una nueva visión sobre la responsabilidad ambiental y la supervisión del uso de recursos naturales, incluido el agua. Ahora, el agua es reconocida como un bien público, lo que significa que tanto el gobierno como los ciudadanos tienen obligaciones en su conservación. Esto no quiere decir que antes de la promulgación de las dos leyes en comento no fuera posible, sino que ahora el texto de las leyes busca facilitar la exigencia de garantizar el respeto al derecho al agua y su cuidado.

 

Esas nuevas leyes deben entenderse como nuevas oportunidades para la sociedad en cuanto a la exigencia a las autoridades para proteger el agua y evitar que la falta de información respecto al agua, o la opacidad de la misma, permitan que situaciones como las que la Alcaldía Benito Juárez sufrió en abril de este año, vuelvan a repetirse o surjan otros problemas relacionados con el mal manejo y consumo del agua en la Ciudad de México.

 

Como habitantes de la Ciudad de México debemos estar atentos al cumplimiento de las leyes sobre el agua y hacer un uso responsable de este recurso, por lo que nuestra vigilancia y denuncia de actos relacionados con el mal manejo y uso irresponsable del agua debe ser ejecutado para participar activamente en la tarea de cuidar el agua en nuestra ciudad.

 

Frida del Mar López es abogada por la Escuela Libre de Derecho. Colabora con DLM desde 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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