Desconexión dentro de la Administración Pública
2020-06-20
Demandar al Estado en tiempos de la «Cuarta Transformación» (como denomina el presidente de México al periodo de su administración pública) presenta cada día mayores retos ante la desconexión de quienes, desde la administración pública, se encargan de defender al Estado.
Los órganos defensores en dependencias y agencias de la Administración Pública (las comúnmente denominadas «direcciones jurídicas») nunca han tenido un trabajo sencillo. El alto número de demandas, entre el reducido número de empleados públicos nunca ha sido una ecuación sencilla de asimilar. Sin embargo, antes existía un mayor grado de responsabilidad para atender eficiente y responsablemente los juicios ciudadanos (normalmente, ante la violación de derechos humanos).
Eso ha terminado con la Cuarta Transformación. La reducción del 75% al presupuesto de las dependencias y agencias de la Administración, más una descuidada política de austeridad, más el menosprecio a la calidad del servicio público, más el autoritarismo rampante, más el número elevado de impugnaciones generadas en este gobierno, ha traído como consecuencia una atención paupérrima, irresponsable e incompleta de los juicios de amparo en México.
Peor aún, precisamente por las deficiencias antes señaladas, hay una desconexión absoluta entre las direcciones jurídicas y las áreas operativas de las dependencia o agencias de la Administración Pública. Probablemente éstas se encuentren ejecutando alguna política que pudiera reparar las violaciones reclamadas por un justiciable en un caso específico, pero los órganos defensores no se ocupan de exponerlo ante un juzgado (quizá porque no lo saben; quizá porque no les interesa).
Hay por lo tanto una falta de sintonía entre lo que se hace (en las áreas operativas) y lo que se dice en juicio (por las direcciones jurídicas) que no solamente hace ineficiente la defensa de los derechos humanos, sino que pone en riesgo a las autoridades demandadas (por ejemplo, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores) de incurrir en desacato y ser multados o sancionados con cárcel por esa falta.
En la foto, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de México. Crédito: La Silla Rota.
