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2020-11-25

Podemos definir la “impunidemia” como el resultado de la peor crisis que a la fecha México ha vivido en materia de derechos humanos, corrupción y vida. Es la “pandemia de la impunidad” y la indiferencia lo que ha marcado un hito en la administración del fiscal Alejandro Gertz Manero. Al respecto, el “Colectivo contra la Impunidemia”, al que DLM forma parte, generó un informe que denominó el “fiscalómetro” con el que pretenden medir si la FGR ha cumplido con sus objetivos y su propia ley, a más de 18 meses de su creación.
 
Para un mejor contexto, en febrero de 2014, el Congreso mexicano aprobó una reforma constitucional ordenando la transformación de la PGR en una Fiscalía General de la República (FGR) independiente y autónoma, separada del poder ejecutivo. En resumen, transcurrieron 4 años para que en diciembre de 2018 finalmente entrara en vigor la Ley Orgánica de la FGR, en la que se incluyeron diversos mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. Lo anterior con la finalidad de generar confianza en la institución, y así romper con la costumbre de no denunciar, atento a la concepción que las víctimas tienen de no denunciar por considerar que es una pérdida de tiempo y que no trascenderá.
 
Con relación a los mecanismos previstos en la ley orgánica en comento, algunos de estos son el plan de persecución penal, la instauración de un consejo ciudadano de la fiscalía, creación de fiscalías especializadas en materia electoral, combate a la corrupción, derechos humanos y asuntos internos. Aparentemente todo permitiera suponer que haciendo un buen uso de los mecanismos, sería mucho más sencillo impartir justicia en asuntos de índole penal, sin embargo, el informe muestra que no es así. Con el simple hecho de no poder cumplir con los requisitos de elección del fiscal, o presentar diversas comunicaciones en los plazos establecidos, es suficiente para darse cuenta que la creación de una institución o de una ley orgánica no acaba con el problema de fondo.
 
Además de la falta de cumplimiento a la normatividad, otro problema que afecta y propicia la permanencia de la impunidad en la impartición de justicia, es la dilación de tiempo en los procesos y la falta de actuación diligente en los mismos. Solamente por mencionar un ejemplo muy preciso, los registros más actuales con los que cuenta la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición de Personas, entre 2006 y 2019, indican que se recibieron sólo 188 denuncias por desaparición forzada y 368 denuncias por desaparición por particulares. Las cuales se refieren a 2,072 víctimas, de las cuales el 85% son hombres (1,767) y 305 mujeres [5]. Del total de indagatorias solamente 6 personas han sido judicializadas. Respecto a la condena de esta grave violación de derechos humanos, el Consejo de la Judicatura Federal ha dictado sólo 27 sentencias a nivel federal, de las cuales sólo 13, es decir, menos de la mitad, son condenatorias.
 
En pocas palabras, todavía queda un largo camino por recorrer.
 
Revisa el informe en el que consta el “Fiscalómetro”, emitido por el “Colectivo contra la Impunidemia”. Disponible aquí.
 
En la foto, portada del informe "FISCALÓMETRO". Crédito: Colectivo vs la Impunidemia.

Fuente: https://mailchi.mp/88e32374f62a/menudelacorrupcion-oct20?fbclid=IwAR1RSDSwt3KuEHF90p4szy49u3e6Fzt87rCD5Wx76iy5ahtDb5xRTPJeyxE

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