BLOG ANTI-CORRUPCIÓN | El súper poder de las Organizaciones de la Sociedad Civil

El súper poder de las Organizaciones de la Sociedad Civil

2020-09-30


Pocas veces se analiza a las Organizaciones de la Sociedad Civil (en adelante OSC) desde la perspectiva de entes colectivos que además de velar por la lucha de los derechos humanos de las personas, también agotan todas las vías judiciales para garantizar el cumplimiento de los mismos. Uno de los medios disponibles para materializar los derechos por parte de las OSC, es a través del juicio de amparo, que en términos muy simples se refiere a un mecanismo judicial que controla los actos de las autoridades y que los obliga a cumplir con la normatividad vigente.

Cuando la sociedad civil se organiza puede exigir que las y los juzgadores de este país apliquen la Constitución y los estándares internacionales vigentes, tales como los emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, entre otros organismos internacionales, referente al análisis que hacen sobre el alcance y la materialización del “núcleo esencial” de cualquier derecho humano. 

En un reciente juicio de amparo promovido por diversas asociaciones civiles mexicanas dedicadas a la defensa de derechos humanos de personas de población migrante y sujetas de protección internacional, se logró una conquista de derechos en beneficio de albergues que dan acogida a las personas mencionadas. 

Un juez federal en Chihuahua concedió una suspensión en la que, reconociendo la situación de urgencia y las necesidades de albergues para atender la salud y vida de las personas en contexto de movilidad, se obligó a autoridades locales del Estado a abastecer de alimentos y enseres a esos albergues. Aunque éstos no eran parte del juicio, pudo demostrarse por las quejosas las necesidades existentes y que el cumplimiento de la medida cautelar beneficiará a las personas en contexto de movilidad.

Los juicios y peticiones de esta naturaleza promueven la rendición de cuentas de las autoridades y el cumplimiento de los derechos humanos.

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