BLOG ANTI-CORRUPCIÓN | Un México impredecible

Un México impredecible

2020-08-18

Las democracias en el mundo se sostienen cuando existen reglas del juego. Los ciudadanos y ciudadanas pueden hacer todo lo que esté permitido en las leyes y las autoridades solamente pueden hacer lo que estén expresamente facultados a hacer. Esos principios se denominan en el mundo del Derecho como "legalidad" y "seguridad jurídica". Cuando esos principios se respetan, se forma una sociedad en paz. 

El rompimiento de esos principios que unen a la ciudanía y a las autoridades genera incertidumbre, desconfianza y escenarios propicios para la comisión de actos irregulares. Cuando las autoridades y los funcionarios públicos hacen más de la cuenta, cuando violan el mandato que los ciudadanos y ciudadanos les han dado o cuando llevan a cabo actos en beneficio propio, deben existir medios y mecanismos para que el Estado rinda cuentas. 

Cuando las violaciones a los principios de legalidad y seguridad jurídica son cometidas en perjuicio de personas determinadas, podemos identificar quién puede demandar y pelear en Tribunales lo que fue hecho mal. ¿Pero qué pasa con aquellos actos u omisiones que afectan a toda la población? ¿Y a colectividades determinadas? ¿Quién pueden pelear la violación a los principios a los que nos hemos referido? ¿Quién puede demandar la rendición de cuentas a las autoridads que nombran a personas que no son independientes del poder político? ¿Quién puede impugnar actos de corrupción de un funcionario público?

Pareciera que el nombramiento de un servidor público, el desvío millonario del presupuesto público, los actos de corrupción en hospitales públicos, son impugnables por todos y por nadie a la vez. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil han llenado históricamente ese duda o vacío y han respondido a la ciudadanía que quiere la rendición de cuentas de sus autoridades. No es una tarea sencilla, pero se constituye como una "barrera de contención" de actos arbitrarios y secretos que el Estado pretenda llevar a cabo. 

En el artículo que se cita en la parte final de este artículo, presentamos a ustedes un artículo escrito por Carlos G. Guerrero Orozco, cofundador de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM). En el artículo --escrito en inglés para Opinio Juris y la Comisión Internacional de Juristas-- el autor repasa la importancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica de los que hemos hablado aquí. En el artículo se muestra cuál ha sido la respuesta que ha tenido el gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, frente a la legalidad y seguridad jurídica. En la parte final de la colaboracion se presentan tres capítulos con casos concretos que muestran la arbitrariedad con la que se ha conducido el líder de la denominada Cuarta Transformación del país. 

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El equipo de DLM

 

Crédito de imagen: Opinio Juris y la Comisión Internacional de Juristas

 

Fuente: The Crisis of an Unpredictable State: The Case of Mexico

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