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Rol de las fiscalías que investigan corrupción

2020-07-15

El pasado 13 julio, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue presentado el Informe del Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados Abogados, sobre el rol que tienen las fiscalías en el combate a la corrupción y la protección de los derechos humanos. El informe recalca el impacto negativo que la corrupción tiene sobre los derechos humanos, así como la relevancia de que las fiscalías que investigan la corrupción sean imparciales y que sus titulares sean seleccionados y designados bajo criterios de mérido, idoneidad y transparencia. 

El relator especial destaca el papel que tienen los defensores de derechos humanos en la denuncia e investigación de derechos humanos, conminando a los Estados a su reconocimiento y a su protección en contra de cualquier represalia. (Los defensores de derechos humanos pueden ser personas naturales u organizaciones civiles, por lo que las represalias no se resumen a agresiones físicas, sino también a restricciones que el Estado imponga a la operación de esas asociaciones). En el informe presentado ante las Naciones Unidas, las víctimas de la corrupción y el derecho a la reparación integral de los daños causados por actos de corrupción ha tomado una relevancia significativa. 

A continuación, DLM presenta la transcripción de algunos párrafos relevantes. Sugerimos al lector revisar la integridad de la resolución en el enlace disponible al final de esta entrada. 

“Cualquiera sea su forma, la corrupción siempre resulta a expensas de alguien; a fin de cuentas, de la ciudadanía y de sus derechos humanos” (párr. 20)

“[l]a responsabilidad institucional y social de investigar y sancionar la corrupción recaerá en jueces y fiscales integrantes de un sistema de justicia imparcial basado en el respeto a la ley y los derechos humanos” (párr. 29)

“En los procesos de selección y designación se debe cuidar que prevalezcan los criterios de mérito, idoneidad y transparencia” (párr. 29)

“[l]a confianza de los ciudadanos en sus instituciones de procuración de justicia y judiciales en casos y situaciones de corrupción suele estar relacionada con la capacidad efectiva de investigar y sancionar a los corruptos” (párr. 30)

“Los defensores de derechos humanos, por su lado, tienden a ser piezas clave en el impulso a investigaciones sobre casos de corrupción, lo que muchas veces ha convertido a quienes desempeñan esas funciones en destinatarias de violencia” (párr. 31)

“a pesar de varios casos emblemáticos de acción efectiva, persisten desafíos endémicos de carácter institucional, normativo y operativo que han contribuido al bloqueo o fracaso de muchas y muy importantes investigaciones” (párr. 33)

“uno de los retos que algunas Fiscalías aún enfrentan es el respeto institucional por las otras ramas de gobierno o poderes del Estado a su independencia y autonomía. Cobran especial relevancia los actos que puedan debilitar a las Fiscalías, la percepción pública sobre la imparcialidad de las investigaciones penales y la no injerencia del poder político o de los poderes fácticos en la tarea del Ministerio Fiscal. Asimismo, la falta de independencia financiera se ha traducido en la ausencia de recursos humanos, lo cual ha mermado la capacidad de las Fiscalías para poder iniciar y llevar a cabo investigaciones dentro de plazos razonables.” (párr. 51)

“La falta de autonomía y de independencia funcional, además de minar la credibilidad de la autoridad fiscal y socavar la confianza pública en la administración de justicia, permite dar cobertura a posibles prácticas corruptas” (párr. 52)

“Un fiscal, al igual que un juez, queda automáticamente deslegitimado para intervenir en un asunto en el que tenga, o pueda parecer que tiene, un interés personal o parcializado.” (párr. 53)

“Una percepción pública sobre la posible parcialidad en su actuación es una señal que provoca escepticismo en las acciones contra la corrupción y socava la legitimidad de la administración de justicia y la eficacia de las instituciones públicas.” (párr. 54)

“La rendición de cuentas del Ministerio Fiscal no es algo que per se pueda ser entendido como sinónimo de afectación de su independencia y autonomía. Es, en general, una obligación la que cobra especial importancia en aquellos sistemas en el que el ministerio fiscal es totalmente independiente y no existe un control de su actuación por parte de los Poderes Ejecutivo o Legislativo” (párr. 56)

“El artículo 11 de la Convención adquiere una importancia especial ya que esta disposición insta a los Estados a adoptar medidas tendentes a reforzar la integridad judicial y prevenir la corrupción en la judicatura, sin menoscabar su independencia. Además, en aquellos lugares donde las Fiscalías no formen parte del Poder Judicial, pero gocen de independencia análoga, la Convención habilita expresamente a los Estados para que adopten medidas similares” (párr. 70)

“Si el Ministerio Fiscal se ve influido, neutralizado o cooptado en el proceso de la toma de decisiones por circunstancias ajenas a las inherentes al ejercicio de su actividad profesional se da pie a una cultura de impunidad” (párr. 71)

“En todas las tradiciones jurídicas, quienes integran el ministerio público —con la denominación de fiscales, procuradores u otras— ocupan una posición clave en el sistema de justicia penal y tienen una responsabilidad de la mayor relevancia en el enfrentamiento a la corrupción. No se puede hacer valer una efectiva procuración de justicia si los operadores no pueden actuar con independencia, integridad e imparcialidad, en condiciones de autonomía, objetividad y neutralidad para el desempeño de una función tan sensible y de la mayor responsabilidad.” (párr. 81)

“Las víctimas de la corrupción no son piezas ajenas y externas al problema. Deben ser escuchadas en los procesos de investigación y juzgamiento como ingrediente esencial de participación, transparencia y no discriminación, y ser destinatarias de medidas apropiadas de reparación” (párr. 97)

“Medidas de protección deben destinarse a estas personas [defensores de derechos humanos] para prevenir represalias por denuncias sobre actos de corrupción” (párr. 98) 

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El equipo de DLM

Fuente: Resolución A/HRC/44/47- Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados

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