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Planear el combate a la corrupción

2019-05-22

La Cámara de Diputados en México está por aprobar el documento que servirá al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción en el país. El capricho político podría llevar a la inmovilidad en la forma en que se ataca al fenómeno que tanto cuesta a los mexicanos.

Como señalé hace algunas semanas en este mismo espacio, el combate a la corrupción sin un plan de trabajo, sin una estrategia definida o sin programas identificados, es simple demagogia y complicidad. La lucha contra los actos de corrupción en un gobierno, ante su complejidad, requiere de directrices claras que eviten que los ejes rectores se conviertan en letra muerta, o peor aún, en ocurrencia.

En México, la Ley de Planeación regula los principios y bases para que el gobierno en turno lleve al país a un estado de desarrollo equitativo, incluyente, integral y sostenible. Para lograrlo, impone la obligación de fijar en un plan el diagnóstico (qué tenemos), los ejes generales (qué queremos), las estrategias (cómo lo haremos) y los indicadores (cómo lo comprobaremos).

La discusión de ese plan, denominado técnicamente como “Plan Nacional de Desarrollo”, será discutido toda esta semana por la cámara de los diputados. A ese plan le anteceden dos temas de relevancia que darán mucho de qué hablar.

Primero. El gobierno de México decidió enviar dos planes a los diputados. ¿Por qué dos? Se dice que el redactado por la Secretaría de Hacienda (organismo encargado de su diseño) no gustó al presidente de México.

Por ello, éste habría elaborado su propio plan (con un contenido enteramente político y en el que la palabra neoliberal fue mencionada 33 veces, pero que no cumple con ningún requisito de la Ley) y lo habría enviado como complemento al de Carlos Arzúa, secretario de Hacienda. Ambos documentos entonces están sobre la mesa.

Segundo. Por primera vez, los diputados discutirán el “Plan Nacional de Desarrollo” a través del método de “Parlamento Abierto”. ¿Y qué es eso? Una práctica del Congreso para construir este plan con los ciudadanos, escuchándolos y reflexionando sobre sus peticiones. Debemos celebrar que las organizaciones civiles estén involucradas en la definición de ese plan.

Sin perjuicio de ello, en el caso particular del combate a la corrupción, el plan diseñado por la Secretaría de Hacienda contiene un buen número de elementos positivos que, se dice, serían atendidos por el gobierno. Entre otros, están previstos la prevención de conflictos de interés, la facilitación en el manejo de datos para prevenir la corrupción, la atención a la denuncia ciudadana y el diseño de estrategias para combatir el lavado de dinero.

Sin embargo, uno de los temas más trascedentes de esa parte del plan es la coordinación que debe fomentarse con el “Sistema Nacional Anticorrupción”, quien al final es el organismo que lidera el diseño e implementación de la denominada “Política Nacional Anticorrupción”, pendiente aún de aprobarse por el Comité Coordinador (encabezado por un ciudadano independiente).

Uno de los principales retos al enfrentar a la corrupción es la definición de un plan para acabar con ella y de estrategias que, en la implementación, excedan los intereses de partidos políticos, movimientos nacionales o idearios de campaña. Lo contrario, es decir, el combate a modo de ese fenómeno, solamente trae consecuencias negativas que impiden el desarrollo de un país, como México.

No se olvide que, en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo presentado por el presente gobierno de México, se ha fijado como meta que la percepción de la corrupción disminuya, de un 86.5% a un 22% en 2024. ¿Tenemos las herramientas para hacer eso posible?

Carlos G. Guerrero Orozco

Abogado y maestro en administración pública y gobierno

@CarlosGuerreroO

Fuente: Contribuye a una causa social

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